El dinero público de Puerto Rico no cabe en un solo presupuesto. Vive en tres pisos: el Gobierno Central, las corporaciones públicas y los municipios. Ningún documento oficial los suma en una sola imagen. Si se cuenta cada dólar una sola vez, el sistema completo mueve cerca de $42,500 millones al año. Este proyecto sigue ese dinero desde Washington y el recibo del IVU hasta servicios concretos, como una bandeja de almuerzo escolar de $3.50.
Parte del dinero aparece en más de un presupuesto. El Gobierno Central asigna fondos a la UPR, subsidia carreteras, apoya a municipios con menos ingresos y, recientemente, prestó efectivo a PREPA para cubrir cheques de pensión. Para el Piso 1 eso es un gasto; para los Pisos 2 o 3 es un ingreso. Si se suman todos los presupuestos sin ajustar, ese dinero se cuenta dos veces. Por eso, antes de llegar al total consolidado, hay que restar las transferencias internas:
Versión simple: por cada $3 que aparecen en el presupuesto más visible, casi $1 adicional se mueve por facturas de luz y agua, peajes, matrícula y presupuestos municipales.
La lectura directa es esta: 40¢ de cada dólar público llega de Washington; casi todo lo demás sale del bolsillo de residentes, empresas y usuarios en Puerto Rico, ya sea como impuestos, facturas, cuotas o peajes. Los Capítulos 0–10 recorren el primer piso: el Gobierno Central, donde $30,400 millones salieron realmente de las cuentas en el AF2024. El Capítulo 11 completa el mapa con corporaciones públicas y municipios.
Este informe habla en millones y miles de millones: escalas demasiado grandes para sentirlas de forma intuitiva. Antes de entrar en los datos, necesitamos calibrar el ojo.
La misma escala, ahora sin comprimir: los tres pisos completos, los ≈$42.5B que se explican en el Capítulo 11. El bloque rojo equivale al billón anterior; la pequeña marca naranja en la primera fila equivale a $1 millón.
— Un año fiscal termina. El conteo vuelve a empezar cada 1 de julio. —
Este capítulo no mira el presupuesto aprobado ni el edificio completo. Mira solo el primer piso: el dinero que salió de las cuentas del Gobierno Central en el AF2024. Es la parte con datos públicos más detallados, línea por línea.
Cuatro áreas — Educación, seguro de salud público, cuentas centrales de Hacienda y bienestar familiar — concentran 58% de todo el gasto. La tercera más grande ni siquiera es una agencia de servicios: es una cuenta central que paga deuda, pensiones y otras obligaciones antes de que el gobierno entregue un servicio nuevo.
Leído como un dólar: cerca de 30¢ llegan directamente a la gente como beneficios, 20¢ pagan empleados públicos y 14¢ pagan obligaciones del pasado, principalmente pensiones y deuda, antes de financiar servicios actuales.
El Departamento de Educación concentra el mayor gasto del Gobierno Central: $5.37 mil millones. Para entender qué significa esa cifra, veamos el mismo dinero desde tres perspectivas distintas.
En el AF2024 la Legislatura aprobó $131M para mantenimiento escolar; solo se ejecutó el 52%. El gobierno ahora propone $465M para el AF2026 — una admisión tácita del atraso acumulado. El cuello de botella no es solo cuánto se presupuesta. Es la capacidad de realmente gastarlo.
Hay dos maneras válidas de medir este costo: el sistema le cuesta a los contribuyentes ~$22,900 por estudiante en total; educar a un niño hoy cuesta ~$17,900. La diferencia, unos $5,000 por estudiante, corresponde principalmente al costo de obligaciones acumuladas de generaciones anteriores, como las pensiones.
Uno de cada tres estudiantes en Puerto Rico asiste a una escuela privada — cerca del triple de la tasa de EE.UU. — en un territorio donde el ingreso mediano es una fracción del de la nación. Un tercio de las familias paga dos veces: impuestos por un sistema que no usan, más matrícula. Cotejado contra datos del Censo, estos conteos se sostienen dentro de un margen de ~15%, con un punto ciego genuino: unos 55,000–60,000 niños en edad escolar no aparecen en ningún conteo de matrícula (graduados, desertores, educados en el hogar, momento de la migración — nadie lo sabe con precisión).
Puerto Rico ya gasta cerca del promedio de Estados Unidos por estudiante. La pregunta incómoda es qué aprendizaje produce ese dinero cuando se compara con otros sistemas.
Los estados se concentran en una banda de 259 a 284 puntos. Puerto Rico queda fuera de esa banda: con un gasto cercano al promedio, marca 57 puntos por debajo del estado con peor resultado, una distancia aproximada de cinco años escolares. En 8vo grado, apenas alrededor de 1% del estudiantado de escuelas públicas alcanza el nivel “Proficient”. El contexto importa: la pobreza infantil es mucho más alta, una tercera parte del estudiantado está en escuelas privadas que no toman la prueba, y esta generación vivió huracanes, terremotos y cierres escolares. Aun así, esas condiciones no explican por sí solas un abismo de esta magnitud.
La imagen cuenta tres historias a la vez. Estonia y Utah muestran que con niveles de gasto parecidos se pueden obtener resultados muy distintos: el diseño del sistema importa. Nueva York muestra el límite de simplemente gastar más: con 181% del gasto promedio de EE.UU., obtiene resultados cercanos al promedio. Puerto Rico aparece solo, abajo y lejos del resto. Ningún otro punto cae cerca de esa esquina.
El Fondo General se sostiene con $13.6 mil millones en ingresos locales. Pero la fuente principal no es la que suele dominar la conversación pública.
¿Los ingresos cuadran con el gasto? En el papel, sí. PROMESA exige presupuestos balanceados, y los recaudos recientes superaron las proyecciones por $410M. También existen mecanismos de reserva: una retención de gasto del 5%, una reserva de tarifa eléctrica de $683M y fondos de pensiones en crecimiento. Pero esa disciplina no es lo mismo que estabilidad estructural. Parte de los años buenos se comparte con acreedores mediante instrumentos de valor contingente, y las reservas existen precisamente porque los dos pilares más importantes — transferencias federales e impuestos de multinacionales — no están completamente bajo control local.
Antes de que el presupuesto compre servicios de hoy, una parte importante ya está comprometida: deuda, pensiones y obligaciones acumuladas durante décadas.
27¢ de cada dólar recaudado localmente paga obligaciones del pasado. Casi todo el pago de deuda sale de ingresos locales, no de fondos federales. Y esta gráfica todavía deja fuera otro canal importante: una parte del IVU paga la deuda reestructurada de COFINA antes de llegar a la caja de Hacienda.
El patrón es claro: las agencias más antiguas y con más historial de nómina — escuelas, carreteras, ambiente, seguridad pública — cargan una parte mayor del pasado. Las agencias que funcionan principalmente como canales de transferencia, como el seguro de salud o los programas de bienestar, casi no cargan esa factura.
Las pensiones no son desperdicio. Son compensación ganada por trabajo ya realizado. El problema es institucional: durante décadas se prometieron beneficios sin reservar el dinero suficiente para pagarlos. El resultado es que el presupuesto actual paga dos veces: por los servicios de hoy y por obligaciones que debieron haberse financiado ayer.
Bajo PROMESA, el presupuesto del Gobierno Central no tiene fuerza legal hasta que la Junta de Supervisión Fiscal lo certifica. Su poder no se limita al Fondo General: alcanza fondos especiales, fondos federales y entidades públicas con planes fiscales propios.
Este año, la Junta certificó el presupuesto revisado por cuenta propia, luego de que la gobernadora y la Legislatura no llegaran a un acuerdo. Eso significa que los superávits, las reservas y los presupuestos balanceados que aparecen en este informe existen dentro de una estructura de control fiscal creada por una ley federal.
Puerto Rico no solo opera bajo esa estructura: también paga por sostenerla. Las operaciones de la Junta y los costos profesionales de la reestructuración forman parte del costo de la crisis fiscal. Si ese arreglo debe entenderse como protección, tutela o pérdida de autonomía, es una de las preguntas políticas que quedan abiertas.
Cuando Puerto Rico entró en quiebra, cargaba con cerca de $125B en obligaciones: unos $70B en bonos y alrededor de $55B en pensiones sin financiamiento. Eso equivalía a aproximadamente $35,000 por residente. Pero entender cuánto se debía es solo el comienzo. Lo importante es ver cómo esa deuda todavía se paga hoy.
Los Capital Appreciation Bonds (CABs) funcionaban como préstamos en los que se pagaba poco o nada durante años, mientras los intereses seguían creciendo en silencio. Cuando llegaba el vencimiento, la deuda se multiplicaba. En algunos casos, cerca de $4.3B prestados terminaron convirtiéndose en $33.5B por pagar: la mayoría era interés acumulado, no dinero nuevo recibido por Puerto Rico.
También hay que distinguir. No toda la deuda funciona así. La deuda reestructurada después de PROMESA tiene un costo mucho más cercano al de un préstamo convencional. El problema extraordinario estuvo en ciertas estructuras emitidas antes de la quiebra, especialmente los CABs, que convirtieron atrasar pagos en una factura mucho más grande para el futuro.
La quiebra no produjo un solo ganador ni un solo perdedor. Algunos inversionistas recuperaron gran parte de su dinero. Otros lograron retornos extraordinarios. La diferencia no estuvo solamente en el tipo de bono que tenían, sino en cuándo lo compraron.
El plan de ajuste trató igual a todos los tenedores del mismo bono. La diferencia estuvo en el precio que cada uno había pagado para adquirirlo. Quien compró a la par antes de la crisis tuvo un resultado muy distinto de quien compró durante el pánico, cuando algunos bonos se vendían por una fracción de su valor original.
Vista desde lejos, la ganancia agregada — cerca de $16B bajo la mezcla documentada — puede parecer un rendimiento moderado distribuido durante décadas. Pero esa lectura es engañosa. Los tenedores originales a la par casi empatan en términos nominales, lo que implica una pérdida real después de inflación. La ganancia se concentró principalmente en quienes compraron durante el colapso del mercado.
La pregunta no es si un incentivo suena bien o mal. La pregunta pública es más concreta: ¿produce más valor para Puerto Rico del que cuesta? En el caso de los inversionistas individuales de la Ley 60, la respuesta honesta es incómoda: con los datos publicados hoy, nadie puede demostrarlo con precisión.
La diferencia de escala es clara. Por PIB, por impuestos pagados y por empleo directo, la manufactura supera por mucho al programa de individuos bajo Ley 60. Aun así, los rangos estimados de la Ley 60 no son triviales: una contribución económica de $1–5B al año y posibles ingresos no recaudados de $0.3–1.5B son montos suficientemente grandes para afectar el debate público. El problema es que ambos lados de la ecuación siguen sin medirse de forma transparente.
Con el mismo beneficio estimado, la conclusión cambia por completo según el daño que se asuma: +$2.8B, +$1.0B o −$1.7B. Eso no prueba que el programa sea positivo o negativo. Prueba algo más básico: Puerto Rico no publica los datos necesarios para decidirlo. El patrón se repite en todo este proyecto: escuelas charter sin desglose público suficiente, bonistas sin precios de compra divulgados, incentivos sin una contabilidad completa de costos y beneficios.
La introducción mostró el edificio completo: tres pisos de presupuestos y cerca de $42.5B contados una sola vez. Este capítulo baja a los pisos que la Sábana no muestra con detalle: las corporaciones públicas, la tubería del CRIM, los 78 presupuestos municipales y las obligaciones del pasado que aparecen en cada nivel.
El CRIM no funciona como una agencia que presta servicios diarios. Su papel principal es recaudar y distribuir la contribución sobre la propiedad. En el AF2025, ese fideicomiso movió cerca de $1.26B. Pero casi la mitad no llegó directamente a las alcaldías: se retuvo desde el origen para pagar deuda municipal.
Ese dinero sostiene la operación básica de los pueblos: administración municipal, carreteras locales, edificios, recogido de basura, policía municipal y recreación. Pero los servicios más grandes — escuelas, hospitales, tribunales y seguridad pública a escala isla — siguen concentrados en el Gobierno Central.
En 2022, el fondo de equiparación representaba más del 30% del presupuesto en 17 de los 78 municipios. Para los grandes centros urbanos, en cambio, era casi irrelevante. Al eliminarse gradualmente, el impacto no se distribuye por igual. Municipios como Las Marías, Utuado y Vieques ya operan más de la mitad de su presupuesto con dinero no recurrente: fondos de reconstrucción, ingresos extraordinarios o arbitrios de construcción. En la práctica, parte del gobierno municipal funciona con dinero que no está garantizado para el próximo año.
El hallazgo del Capítulo 6 no se queda en el Gobierno Central. Las obligaciones heredadas aparecen también en las corporaciones públicas, la universidad, el agua, la electricidad y los municipios.